Michoacán, México.- “Xayakalan es de Ostula” es el mensaje central con el que la comunidad indígena nahua de Santa María de Ostula hace presión para que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito -con sede en Morelia, Michoacán- emita un fallo que termine con el conflicto agrario que se tiene con presuntos pequeños propietarios que desean quedarse con este territorio que fue recuperado por la comunidad en 2009.
La resolución esperan que sea favorable no sólo porque consideran que son propietarios legítimos de dicho territorio, sino porque en el conflicto agrario que han mantenido con los supuestos pequeños propietarios del ejido de La Placita han tenido resoluciones judiciales a su favor, como la que se dictó el 15 de noviembre de 2024 y en la que el Tercer Tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo (357/2023) declaró sin efectos la resolución presidencial que dotó, en 1967, de 100 hectáreas comunales al ejido a los presuntos ejidatarios de La Placita.
Xayakalan se fundó en 2009 tras la recuperación armada de más de mil hectáreas de dicho territorio que se encontraba en manos de “pequeños propietarios” y bajo el control del crimen organizado; primeros de Los Caballeros Templarios y ahora del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Desde hace más de 16 años, las y los pobladores realizan una defensa activa de su territorio y, a la par, han emprendido decenas de procesos legales y judiciales para que se pueda respetar su derecho a “hacer vida” en este territorio indígena; por ello, esperan que quienes integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito no sucumban a los intereses privados que sólo buscan despojarlos de sus tierras, desplazarlos a otros lugares y mermar su lucha social.
Por este motivo, exigen a quienes participarán en la resolución al juicio de amparo directo 463/2023 que pagan fin al conflicto que existe entre la Comunidad y los supuestos pequeños propietarios de La Placita, lo que significaría el reconocimiento legal de la propiedad de una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales que colindan con el Océano Pacífico y que hoy forman parte de la comunidad indígena nahua de Santa María de Ostula.
Con información de ZonaDocs
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