La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización de impacto ambiental para construir instalaciones de la Policía Militar en Othón P. Blanco, Quintana Roo.
El Ejército había desmontado más de 45 mil metros cuadrados de selva mediana subperennifolia sin contar con permisos previos. El resolutivo, publicado en la Gaceta Ecológica, señala que el trámite perdió su carácter preventivo al iniciar obras de manera irregular.
El proyecto contemplaba 74 mil 322 metros cuadrados de construcción, con áreas de descanso, mantenimiento de equipo e infraestructura para la Guardia Nacional.
Violaciones ambientales y consecuencias
De acuerdo con la Semarnat, la Sedena violó los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como disposiciones del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA).
Además, la dependencia remitió el caso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que determine las sanciones por iniciar obras sin autorización.
El resolutivo documenta con fotografías la remoción de vegetación y el cambio de uso de suelo en 45 mil 531.11 metros cuadrados, donde ya existe un avance considerable en la construcción.
Antecedentes de irregularidades militares
Este no es el primer caso en el que las fuerzas armadas inician obras sin permisos ambientales. Durante la actual administración, se otorgaron “permisos provisionales” para proyectos como:
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Tramos del Tren Maya y sus hoteles.
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El Aeropuerto Internacional de Tulum.
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Bancos de material pétreo en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
En mayo de 2025, la Sedena inició trámites para regularizar cuatro bancos de material en Quintana Roo, pese a que habían operado meses antes de contar con autorización ambiental.
Normativa y espíritu preventivo
La autorización de impacto ambiental busca anticipar los efectos negativos de un proyecto en su entorno. Sin embargo, los permisos provisionales entregados en años anteriores contradicen este principio, pues permiten arrancar obras sin estudios previos.
La negativa de la Semarnat marca un precedente frente a la práctica de construir primero y solicitar permisos después, una constante en proyectos ejecutados por la Sedena en el sureste del país.
