El Colectivo ¡Aquí no! y Greenpeace México reiteran que desde sus inicios la megaplanta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, arrastra inconsistencias legales, ecológicas, sociales, culturales y de seguridad, que no garantizan legalidad ni respeto a los derechos humanos.
Ante ello y en respuesta a lo señalado el día lunes 7 de septiembre por la titular de la Presidencia, Claudia Sheinbaum, desde la conferencia matutina en el marco de la protesta pacífica realizada en el Zócalo capitalino, el colectivo y la organización señalan:
En las mesas de diálogo celebradas en el mes de julio, entre autoridades, empresa, y el colectivo ¡Aquí no!, este último presentó argumentos científicos, jurídicos y técnicos para demostrar que el proyecto no es viable y, con esa base, demandar su cancelación y no una aprobación condicionada.
-La consulta referida por la presidencia no fue realizada por el gobierno federal. El colectivo Aquí No, realizó consultas informativas en las comunidades afectadas: Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo; y como resultado se acordó demandar al gobierno federal un plan de remediación que será sometido a validación por parte del Colectivo.
La consulta no significa negociación ni aceptación de la planta, su objetivo fue informar a las comunidades el resultado de las mesas de diálogo.
Dichas consultas se llevaron a cabo en tiempo y forma por el Colectivo ¡Aquí no! y ya fueron concluidas, dando como resultado la solicitud de las cuatro comunidades al Gobierno Federal de presentar por escrito y con el aval técnico y del Colectivo, el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira.
Por otro lado, reiteramos que el supuesto avance de la construcción de la planta no llega a un 50% de la obra, contrario a lo que se ha estado afirmando de forma recurrente desde el Ejecutivo; aunque el avance fuera del 100% aún se puede y debe detener, priorizando la vida y la salud de los habitantes de las comunidades aledañas.
Si bien se realizó un ejercicio participativo en el año 2021 y una consulta indígena en el año 2022, ambas fueron realizadas con información falsa, ya que se consultó sobre una planta de fertilizantes y no de amoniaco.
Con respecto a la consulta indígena se violentó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo sexto, al no cumplir con ser previa, ni libre, ni bien informada, ni culturalmente adecuada.
Tampoco se cumplió el Artículo 2 de la Constitución sobre autonomía y libre determinación de los pueblos al promover la duplicidad de gobernadores tradicionales.
Respecto a los compromisos (en materia ambiental, educativa y social), enfatizamos que le corresponde a los tres órdenes de gobierno proveer a las comunidades directamente afectadas los servicios de salud, educativos, carreteras y el dragado de la bahía, etc., ya que éstos son obligación del Estado mexicano y no deben estar sujetos a negociación alguna toda vez que es una deuda histórica que mantienen las autoridades con la población que se opone a estos proyectos.
Asimismo, reiteramos que es responsabilidad de las autoridades garantizar que la Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio de Riesgo Ambiental estén bien hechos y cumplan con la normatividad vigente antes de aprobar cualquier proyecto u obra, y no al revés, una vez que ya se inició con la construcción e incluso operación de los mismos.
-La resistencia frente a la puesta en marcha de la planta de amoniaco se ha mantenido por más de 10 años y continúa. Sin embargo refrendamos la disposición para continuar con los diálogos en espera de los resultados.
Con información de Greenpeace
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