El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió el permiso ambiental de un importante proyecto de extracción de oro en la selva amazónica. Es un duro golpe para los planes de una empresa canadiense, que buscaba desarrollar una mina a cielo abierto a lo largo de un río ya afectado por una de las mayores represas hidroeléctricas del país.
El presidente del tribunal, Edson Fachin, emitió su decisión el lunes y se conoció el martes. El fallo suspende el permiso de instalación del proyecto Volta Grande, de Belo Sun Mining Corp., en el estado de Pará. Llega después de varios años de oposición de comunidades indígenas preocupadas por el impacto ambiental.
Fachin determinó que la empresa no demostró el pleno cumplimiento de los requisitos ambientales ni de las protecciones a las comunidades indígenas. Entre ellos figuran las evaluaciones de impacto ambiental y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
El proyecto estaba previsto a lo largo del río Xingu, un importante afluente del Amazonas, en un área ya transformada por la represa de Belo Monte. Esa obra alteró de forma drástica el caudal natural del río y afectó a las poblaciones de peces y a las comunidades que dependen de él.
Los grupos ambientalistas advierten que una mina de oro a gran escala podría agravar esa presión sobre los ecosistemas y los medios de vida indígenas.
Sol Juruna, del Movimiento de Mujeres Indígenas del Medio Xingu, dijo a The Associated Press que las comunidades ubicadas río abajo de Belo Monte ya lidian con un caudal reducido y menos peces. Teme que un dique de residuos mineros cerca del Xingu sea una amenaza aún mayor.
“Sabemos que incluso la más mínima contaminación del río lo destruiría todo para nosotros”, afirmó.
Según un estudio de viabilidad de 2015, Belo Sun planeaba extraer 3,52 millones de onzas de oro durante 17 años. Excavaría más de 600 millones de toneladas de material en 24 kilómetros cuadrados.
Una evaluación independiente de 2021 expresó preocupación por la represa propuesta para contener unos 35 millones de metros cúbicos de desechos mineros y agua.
Los investigadores advirtieron que una falla podría liberar residuos con sustancias tóxicas, como arsénico y mercurio. Podrían afectar a comunidades indígenas ubicadas a más de 40 kilómetros río abajo.
La empresa recuperó su permiso en febrero por una decisión de un tribunal inferior. Luego informó a sus inversionistas que la licencia seguiría vigente hasta 2029. Pero la agencia indígena FUNAI detectó vacíos en los estudios de impacto sobre las comunidades indígenas, incluidas las que están fuera de territorios demarcados. También cuestionó si se evaluaron bien los efectos combinados de la mina y Belo Monte.
“El FUNAI ha sostenido que las protecciones deben abarcar a todas las comunidades indígenas afectadas, incluidas las que están fuera de territorios formalmente demarcados”, señaló Ana Alfinito, asesora legal de Amazon Watch.
Las comunidades Juruna y Arara afirman que no fueron consultadas de forma adecuada, algo que Belo Sun disputa. La legislación brasileña y el Convenio 169 de la OIT establecen el derecho de consulta de los pueblos indígenas.
La Alianza por la Volta Grande do Xingu, coalición opositora a la mina, celebró el fallo. Pero la suspensión es provisional, a la espera de nuevos procedimientos legales, que podrían incluir un acuerdo en consideración de un tribunal federal.
Para Juruna fue un alivio, aunque no el final: “Fue una buena noticia para nosotras, aunque todas sabemos que la lucha no ha terminado. Seguiremos luchando, seguiremos presionando para sacar a Belo Sun de la Volta Grande do Xingu. Queremos que se vayan”.
Con información de AP
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