El artículo 4º de la Constitución Mexicana reconoce el acceso al agua y al saneamiento como derechos fundamentales. Sin embargo, el Estado ha fallado en garantizar estos derechos a millones de personas en Chiapas; siendo las mujeres, niñas, niños, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades rurales quienes se ven mayormente afectadas por la crisis del agua.
De acuerdo a la ONG Cántaro Azul, Chiapas cuenta con el 30% de los recursos hídricos del país y una población de más de cinco millones de personas. Aunque es la entidad federativa con más agua disponible por habitante, menos del 35% de su población cuenta con acceso diario al agua.
En las localidades rurales, donde habita el 51% de las personas, y donde se encuentran establecidas, principalmente, las comunidades indígenas (26% de la población total del estado), la situación es crítica.
La falta de acceso al agua obliga a mujeres, niños y niñas a recorrer largas distancias a pie, para abastecer a sus familias, lo que implica poner en riesgo su seguridad y su salud.
La calidad del agua también es alarmante. Chiapas es el estado con menor porcentaje de agua desinfectada para consumo humano en el país. Es doloroso, que sea una de las entidades federativas líderes en desnutrición y mortalidad infantil debido a enfermedades estomacales, el 48% de las cuales podrían evitarse con medidas de higiene, con acceso a agua segura y saneamiento adecuado.
Contraria a la imagen turística que tiene de paraíso hídrico, Chiapas enfrenta serios problemas de contaminación, con el 70% de sus ríos afectados, sequías periódicas y signos evidentes del cambio climático, la crisis del agua es una realidad en el estado.
En solo 41 de los 124 municipios operan plantas de tratamiento de aguas residuales y en algunos municipios ni siquiera cuentan con esta instalación, como en San Cristóbal de Las Casas, que, a pesar de su importancia como destino turístico, sus aguas se encuentran sumamente contaminadas, lo que se relaciona con los altos niveles de enfermedades gastrointestinales y de cáncer gástrico entre su población.
A pesar de las graves consecuencias para la salud y los altos costos económicos asociados, la inversión federal en agua y saneamiento en Chiapas ha disminuido drásticamente en la última década, pasando de 1,000 millones a sólo 100 millones de pesos anuales.
Es urgente que el agua no sólo sea parte de la agenda política, sino su prioridad. Es vital comprometerse con la Agenda Chiapas por el Agua para transformar esta realidad por el bienestar pronto de la población chiapaneca, el ambiente y el futuro de las nuevas generaciones.
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