Deudas ambientales de México en 2024 y cómo luce el 2025

El 2024 fue un año turbulento en todos sentidos. En México concluyó el primer gobierno de izquierda bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, en octubre, se inauguró el ‘Segundo piso de la Cuarta Transformación’ con la llegada de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, quien además es una científica experta en temas climáticos.  

Un análisis de WIRED en Español hace un balance entre lo avanzado, lo perdido y lo pendiente en materia ambiental de la mano de expertos. 

Empecemos por uno de los puntos indiscutibles. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entidad que ya acumula nueve años de recortes presupuestales, recibió uno más, y muy fuerte.  

Durante el sexenio pasado, el sector ambiental tuvo un recorte del 40%, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2025, la reducción continúa en el mismo porcentaje

“El recorte es regresivo y la señal es que el gobierno no le está dando al tema la prioridad que se merece. En el sexenio anterior los recursos del Anexo 16 del PEF -asignados para la mitigación y adaptación climática- se utilizaron para el tren maya, para el AIFA y para la CFE en temas de gas, lo cual es completamente contradictorio.  

Para el 2025 están haciendo algo parecido, para obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, comentó Gustavo Alanís, director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA). 

Los fuertes recortes se traducen en la inoperatividad de las instituciones y en bajos salarios para el personal. Los afectados son principalmente aquellos encargados de realizar vigilancia e inspecciones ambientales, lo que genera un caldo de cultivo para la corrupción. 

La Semarnat tiene un presupuesto de 44,370 millones de pesos (mdp), una reducción del 39.4%, en comparación con el 2024. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el órgano administrativo desconcentrado con mayor presupuesto, tendrá 37 mil 119 mdp, lo que representa una reducción del 59%. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) incrementó su presupuesto a 1,001 mdp para el próximo año, un incremento del 1.72% con respecto al año anterior, que fue de 984 mdp. Aún con este incremento recibirá 2/3 partes de lo que recibía en el 2018.  

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), recibirá 2,602 mdp, una reducción del 2.69%; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), contará con 839,545 mdp, una reducción de 14.68 %; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), operará con 209 mil 350 mdp, una reducción del 10.62 %; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que ha sido absorbido por la Semarnat, tendrá un presupuesto de 184,094 mdp, una reducción del 6.19%. 

El Anexo 16 tendrá recursos por poco más de 44,370 mdp, una reducción del 39.4%, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), tendrá un presupuesto de 321 mil 817 mdp, una reducción del 8.83%.

“No se puede recortar el gasto ya recortado sin consecuencias gravísimas. Conafor tiene menos recursos en un contexto de presiones crecientes por el cambio climático. Por ejemplo, las temporadas de incendios son más largas, las plagas son más graves, la tala clandestina aumenta. Hace dos años, se estimó que la extracción ilegal de madera en el país alcanzaba el 66%, pero en estados como Chiapas se eleva hasta el 90%”, dice la investigadora Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 

Para la coordinadora de la ‘Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas’, históricamente no ha habido una política consistente de apoyo al manejo forestal comunitario ni a la conservación forestal. A pesar del incremento en el número de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), que pasaron de 182 en 2018 a 232 en 2024, muchas de ellas no tienen presupuesto asignado ni planes de manejo. 

“Hay concesiones mineras en 74 Áreas Naturales Protegidas, además existen más de 350 mil hectáreas de concesiones mineras en el océano. Esto es impensable, no puedes estar diciendo que vas a hacer crecer en 30% las áreas naturales protegidas si tienes mineras en estas áreas. No hay minería sustentable: habría que prohibirlas”. 

En su análisis, señala que la producción de madera de México es de aproximadamente el 3%, muy bajo en comparación con los grandes productores mundiales, que son Estados Unidos y Canadá y, en desventaja contra la madera barata importada de Chile.  

Sería más conveniente proteger los bosques nacionales para garantizar su conservación y promover el desarrollo local, al tiempo que se atiende el problema de que haya concesiones mineras en el 40% de los bosques templados del país. 

Con todo, vale la pena hacer un balance de los aciertos en materia forestal: 

-Bien por el aumento de las ANP (naturalmente, falta presupuesto para que operen). 

-Por primera vez en la historia del país, Conagua y Semarnat trabajarán coordinadamente. 

-Se aprobó la Ley de Minería (2023) que revierte muchos de los abusos más grandes de las mineras y prohíbe la minería en Áreas Naturales Protegidas y en el fondo marino. Sin embargo, no es retroactiva. 

-Se impulsaron reformas constitucionales que prohíben el cultivo del maíz transgénicos, el fracking y la minería a cielo abierto. Las iniciativas se presentaron en el paquete de iniciativas del 5 de febrero y sigue pendiente de discusión. La presidenta ha señalado que están en revisión. 

-Mayor sensibilidad de funcionarios con las comunidades afectadas por los mega proyectos, y otras que han sufrido agravios ambientales como las de la Cuenca del Río Sonora o las de Calpulalpan de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla. Aunque sin recursos, se ha establecido diálogo para llegar a mejores acuerdos. 

El especialista en Análisis de Vulnerabilidad y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Chapingo, Alejandro Monterroso Rivas, piensa que el programa insignia de la administración pasada, Sembrando Vida, constituye un ejemplo positivo de política de bienestar social con una producción más amigable con el entorno (promueve sistemas agroforestales).

Esto comparado con programas como Procampo (1993-2018), que brindaba menor apoyo a la conservación. 

“Es difícil que una política alcance a cubrir todo el territorio y a toda la población. Además el programa se impulsó a mitad del sexenio. Si lo vemos región por región, habrá algunas que tengan más del 80% de cobertura, pero hay otras donde no alcanzó ni el 40%», detalla Monterroso.  

En su opinión el programa debe regionalizarse para que atienda las necesidades de cada territorio. 

“No es lo mismo un cultivo en Zacatecas, que en Chiapas. El sur tiene abundancia de agua, pero el 60% del país no tiene agua, entonces no puedes hacer una política solo para ese 60% y olvidar al otro 40% o viceversa. Lo ideal sería un Sembrando Vida del Sur, del Norte, del Centro”, dice. 

Para desarrollar una buena política regionalizada, el país ya tiene los diagnósticos necesarios. Tan solo la Universidad Autónoma de Chapingo cuenta con al menos 21 centros o institutos de investigación que se suman a varios otros distribuidos en todo el país. 

“Quizás ya es momento de agrupar todo nuestro conocimiento y entrar a la aplicación efectiva, al desarrollo, cumplir con lo recomendado por la UNESCO, que es invertir mínimo el 1% del PIB a la investigación y desarrollo (I+D). En México estamos a la mitad”, dice Monterroso.

Destaquemos ahora alguno de los mejores hitos en materia agrícola: 

Sembrando Vida, porque promueve sistemas agroforestales, aunque debe mejorarse en aspectos técnicos y comunitarios. 

La decisión del gobierno de eliminar el glifosato: hacía falta proteger la agrobiodiversidad que está en riesgo. 

El programa para erradicar especies invasoras de flora y fauna que dañan a los polinizadores y toda la cadena de servicios ambientales. 

Donde sí falta investigación es en el sector pesquero. “El cambio climático está afectando los procesos biológicos de los peces y eso está haciendo que se vayan más lejos y que se cambien de región. Eso tiene afectaciones puntuales sobre los animales, pero también sobre las personas que viven del mar y no hay investigación en México para entender ese fenómeno, para saber cómo está el estado de las pesquerías y poder tomar acciones concretas. Estamos pescando a ciegas”, comentó Renata Terrazas, directora Ejecutiva de Oceana México. 

Al igual que en el sector forestal, el Estado mexicano se ha replegado de la protección de los océanos por más de 20 años. El presupuesto de las instituciones clave para el sector pesquero, como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura (Imipas), se ha reducido en un 24% y 32% respectivamente de 2018 a 2024. 

Para la titular de la organización dedicada a la protección de los océanos, el abandono y la negligencia en el sector pesquero no es nuevo, pero se exacerbó durante la administración anterior por tres grandes razones: la reducción presupuestaria, el repliegue del Estado en temas relevantes como el combate en la pesca ilegal y la incompetencia de las personas a cargo de la Conapesca.  

Además, recuerda que, a la fecha el Estado tiene la obligación de restaurar en aguas, minería, bosques, vida silvestre, pero que no tiene ninguna obligación de reponer recursos en temas de pesca o pesquerías. 

“En el país el 40% del total de la captura de peces proviene de la pesca ilegal. Además, existen mecanismos para legalizarlos mediante el ‘lavado de pescado’ lo cual hace doblemente terrible la situación. Sumado a ello, el 34% de las pesquerías están deterioradas o en vías de deterioro. Esto significa que, de no hacer nada, se acabarán las poblaciones de peces comerciales como el mero, pulpo, robalo, langosta o huachinango, afectando con ello a más de dos millones de personas que se dedican a la actividad pesquera”, señala.

-Hay también algunos logros positivos en materia de océanos: 

-Se crearon dos Áreas Naturales Protegidas entre el Golfo de México y el Caribe: Bajos del Norte, de 1.3 millones de hectáreas, y Arrecifes del Golfo de México Sur, de 4 millones de hectáreas.  

Ambas conectan con Arrecife Alacranes y crean el primer corredor marino en México. Con estas reservas se conectan objetivos de conservación con metas sociales y eso, aunque parece menor, es un cambio de paradigma sobre cómo se ve la conservación de ecosistemas relevantes para especies migratorias que, además, están amenazadas, como el tiburón martillo y tortugas marinas, pero también para mejorar la economía local al repoblar el mar de especies comerciales. 

Se eliminaron los subsidios de combustible fósiles (gasolina y diesel) en embarcaciones pesqueras que beneficiaba a la flota industrial, no a los pescadores artesanales, ribereños o de embarcaciones pequeñas. 

Con la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, inaugurada en el 2022, la política energética de Andrés Manuel López Obrador marcó su sello como ‘regresiva’ por privilegiar el carbón y el combustóleo. Sin embargo, se pasa por alto que al revertir la Reforma Energética de 2014 se recuperó el papel regulador del Estado en el mercado energético y se evitó el desmantelamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los principales generadores de energía en el país. 

Para Joaquín Flores Paredes y Arturo Ortiz Wadgymar, economistas de la UNAM, la política energética del gobierno de AMLO fue parte esencial de su política económica, una forma de revalorar la importancia estratégica de los energéticos para el desarrollo económico del país y garantizar la soberanía nacional.

“La construcción de la nueva refinería Olmeca, la compra del resto de las acciones de la refinería Deer Park, la modernización de las otras seis refinerías y el rediseño de la estrategia para la extracción de crudo ha permitido el inicio de la recuperación de Pemex. Se ha revalorado su rol estratégico para el desarrollo del país, al tiempo que se ha conseguido recuperar y ampliar la capacidad generadora de energía eléctrica”, señalan.

“A Andrés Manuel se le llamó el ‘presidente petrolero’ y sí, tuvo una afinidad por la explotación de combustibles fósiles, sin embargo, decidió -no por temas ambientales-, cerrar la posibilidad de explotar pozos petroleros en el Golfo de México, eso es algo interesante. Veníamos de una apertura brutal con el gobierno de Peña Nieto que abrió por completo el Golfo de México y concesionó no solo aguas someras, sino aguas profundas, las cuales tienen mayor riesgo de derrames”, puntualizó por su parte Renata Terrazas, de Oceana. 

A diferencia de su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que la transición energética será su prioridad y prometió que, para el 2030, el 45% de la generación de energía del país será a través de energías renovables. 

“Con la combinación de AMLO de no abrir más pozos en aguas profundas y con la apuesta de Claudia Sheinbaum hacia las renovables, la ruta clarísima es que el Golfo de México tiene que cerrarse a futuras exploraciones y explotaciones petroleras. Todo lo que no esté concesionado ya no debería volverse a concesionar porque aumentaría la participación de México en la emisión de gases de efecto invernadero”, destacó la especialista en océanos y en políticas públicas.

El camino ambiental que tomen las naciones en conjunto rumbo al 2030 es decisivo.  

El siguiente año se cumplen los 15 años del Acuerdo de París y para la próxima COP30, a realizarse en Belem, Brasil, los países deberán presentar el avance y nuevos compromisos respecto a sus metas de reducción de emisiones contaminantes (NDC, por sus siglas en inglés). 

“Claudia Sheinbaum termina su sexenio en el 2030, año en que se tienen que cumplir tres metas relacionadas con acuerdos internacionales: los Acuerdo de París y su objetivo de reducción de emisiones contaminantes; se cumplen los compromisos del Convenio de Biodiversidad [Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal] que establece que los países deben proteger 30% de las aguas marinas y 30% de la parte terrestre, y el Acuerdo de Escazú, que no está al 2030, pero sobre el que hay que presentar planes nacionales de implementación”, señala Gustavo Alanís, quien ha participado en casi todas las COPs realizadas. 

Para el experto, estamos en un momento de mucha incertidumbre. Los intereses de los países ricos, de los países industrializados y de los petroleros se imponen sobre la agenda global ambiental, que incluye a las personas y a la flora y fauna de todos los ecosistemas. 

“En la práctica, los países ricos no están cumpliendo sus compromisos climáticos. En el 2010 se comprometieron a que a partir del 2020 iban a meter 100 mil millones de dólares al año para que los países pobres y los países más vulnerables pudieran implementar medidas de adaptación climática, y eso nunca sucedió, ese dinero nunca se puso sobre la mesa.

Entonces la gran pregunta es ¿quién puede asegurar que ahora que triplicaron la cifra (300 mil mdd) sí van a poner ese dinero? Además, en un contexto donde no sabemos cuál va a ser la arquitectura financiera, cuáles van a ser los plazos, el tipo de cronograma. En fin, no está nada claro y el tiempo está corriendo”, concluye. 

Con información de WIRED 

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