Organizaciones ecologistas alertan de que el reglamento sigue alejado de lo que la ciencia marca como necesario para hacer frente a la emergencia climática y de biodiversidad, por lo que corre el riesgo de ser insuficiente en la práctica y permitir la inacción de algunos Estados miembros de la Unión Europea.
El Reglamento aprobado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE, tiene como objetivo establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE para 2030. Y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050.
Aunque las organizaciones ecologistas celebran que todos los ecosistemas originalmente cubiertos por la ley están finalmente incluidos en el acuerdo, consideran que el texto final ha diluido considerablemente la ambición de la propuesta original de la Comisión, e incluso de la posición del Consejo.
Para las organizaciones ecologistas es decepcionante ver las numerosas excepciones incluidas. Y la excesiva flexibilidad en cuanto a las obligaciones de los Estados miembros que podría llevar a la inacción.
De esta manera, el portal Econoticias señala que entre los puntos más destacables del acuerdo es que los Estados miembros deberán aprobar un Plan nacional de restauración e implementarlo.
Los Estados miembros deberán establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE para 2030. Medidas para restaurar al menos el 60% de los hábitats en mal estado para 2040 y al menos el 90% para 2050.
El reglamento introduce requisitos específicos para establecer medidas que reviertan la disminución de las poblaciones de polinizadores antes de 2030. Y adoptar una metodología para medirlo.
Durante la negociación, el alcance de la restauración de los ecosistemas terrestres no se ha restringido exclusivamente a los espacios de la Red Natura 2000 (que era una de las peticiones y que hubiera reducido mucho el ámbito del reglamento e incluso generando desigualdades entre los estados). Aunque se han añadido importantes salvedades que pueden reducir la superficie total a restaurar.
El requisito de prevenir el deterioro de las zonas ya restauradas se ha visto gravemente socavado. Lo que no solo dificulta su implementación, sino que puede llevar a un mal uso de los fondos públicos.
Afortunadamente, en este acuerdo se volvieron a incluir requisitos concretos para aumentar la naturaleza en las tierras agrícolas y restaurar las turberas.
No obstante, este avance ha tenido un alto coste, bajo la forma de importantes concesiones, como la introducción de la posibilidad de pausar la implementación de la legislación, también conocido como el “freno regulatorio de emergencia”.
El acuerdo incluye la obligación de que los estados miembros identifiquen y eliminen barreras artificiales para la conectividad de los ríos, con el fin de convertir al menos 25.000 km en ríos de flujo libre para 2030 y mantener la conectividad natural de ríos restaurados.
Este acuerdo llega tras unas negociaciones realmente desafiantes, en las que el Consejo y la Comisión han tenido que trabajar duramente para encontrar puntos en común con la posición significativamente más débil del Parlamento.
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