Un jurado en Dakota del Norte ha decidido que el grupo ambientalista Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares a la empresa de oleoductos Energy Transfer y que, según el veredicto, es responsable de difamación y otras demandas por las protestas ocurridas en el estado hace casi una década.
Energy Transfer Partners, una empresa de petróleo y gas con sede en Dallas y con un valor de casi 70,000 millones de dólares, demandó a Greenpeace alegando difamación y orquestación de conductas delictivas por parte de los manifestantes en el oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017, alegando que la organización «incitó» a la gente a protestar mediante una «campaña de desinformación».
Greenpeace, que había negado las acusaciones, declaró en un comunicado tras el veredicto que demandas como esta tenían como objetivo «destruir el derecho a la protesta pacífica». Por otro lado, expertos en derechos constitucionales habían expresado su temor de que el caso pudiera tener un efecto disuasorio más amplio sobre la libertad de expresión.
El jurado de nueve personas en Mandan, Dakota del Norte, falló a favor de Energy Transfer en la mayoría de los cargos tras más de dos días de deliberaciones. El jurado cedió a Energy Transfer al menos 660 millones de dólares en daños, según cálculos de Greenpeace.
El grupo ambientalista, que había expresado su preocupación antes del juicio por obtener una audiencia justa en una zona petrolera y gasífera, afirmó que una pérdida y una cuantiosa indemnización podrían llevar a la quiebra a sus operaciones en Estados Unidos. Energy Transfer demandó a tres entidades de Greenpeace, alegando que son una sola organización y no miembros independientes de la red Greenpeace.
Greenpeace afirmó que apelará la decisión. La ONG había declarado previamente que una gran cantidad de dinero en daños autorizada a la empresa del oleoducto Dakota Access amenazaría con llevar a la organización a la quiebra. Tras el veredicto del jurado de nueve miembros, el asesor legal principal de Greenpeace afirmó que el trabajo del grupo «no se detendrá jamás».
Los daños ascienden a casi 666,9 millones de dólares. El jurado determinó que Greenpeace USA debe pagar la mayor parte de los daños, casi 404 millones de dólares, mientras que Greenpeace Fund Inc. y Greenpeace International pagarían aproximadamente 131 millones de dólares cada una.
Energy Transfer calificó el veredicto del miércoles como una «victoria para los estadounidenses que comprenden la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y la infracción de la ley».
«Si bien nos complace que Greenpeace haya rendido cuentas por sus acciones contra nosotros, esta victoria es realmente para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte, que tuvo que soportar el acoso y las interrupciones diarias causadas por los manifestantes financiados y capacitados por Greenpeace», declaró la compañía en un comunicado a The Associated Press.
En la demanda, Energy Transfer alega que Greenpeace mintió sobre su labor de solicitar donaciones, las cuales, según la empresa, se utilizaron para organizar y financiar protestas, incluyendo «ataques violentos contra empleados y propiedades de Energy Transfer». Greenpeace negó las acusaciones, afirmando que tuvo un papel limitado en las protestas, las cuales fueron lideradas por grupos indígenas estadounidenses.
Para dar una idea de la magnitud, 660 millones de dólares estadounidenses representan más del doble del presupuesto operativo total de Greenpeace Canadá durante sus 54 años de historia. En contraste, equivale aproximadamente al 4 % de las ganancias de Energy Transfer para 2024.
El impacto de este veredicto iría mucho más allá de Greenpeace o del movimiento ambientalista por sí solo. Marty Garbus, monitor independiente del juicio, declaró: «Este es uno de los casos más importantes de la historia de Estados Unidos. La ley que se dicte en este caso puede afectar cualquier manifestación, ya sea religiosa o política». Esta demanda sin fundamento se diseñó para que la gente tuviera miedo de participar en las protestas, por temor a ser demandada.
Este caso será apelado y Greenpeace Internacional ha iniciado una demanda contra la empresa en los Países Bajos para contrarrestar esta demanda abusiva en Estados Unidos.
El problema más grande de esta demanda es que toda su lógica indica que fue hecha únicamente para dejar a Greenpeace (una de las pocas ONGs en el mundo que persiste en su causa de defender al medio ambiente) en la bancarrota más que para reponer una suma realmente significativa de dinero para la compañía Energy Transfer. Y ahí descansa la mayor parte del problema, junto con el hecho del muy peligroso precedente legal que se sienta con este veredicto, con el que muchas empresas poderosas como ésta intentarán intimidar a quiénes protestan contra ellas.
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