La relación comercial entre México y Estados Unidos atraviesa un periodo de alta tensión debido al paquete arancelario impuesto por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Este conflicto podría intensificarse a raíz de la escasez de agua que afecta a los estados mexicanos fronterizos y al incumplimiento de un acuerdo hídrico con más de 80 años de vigencia.
En 1944, ambas naciones suscribieron un tratado para la distribución del recurso hídrico, el cual establece las condiciones para el reparto de agua a través de una red de presas y cuencas interconectadas.
Según el acuerdo, México debe enviar cada cinco años 2,159 millones de metros cúbicos (1.7 millones de acres-pie) de agua del río Bravo, mientras que Estados Unidos está obligado a entregar anualmente 1,850 millones de metros cúbicos (1.5 millones de acres-pie) provenientes del río Colorado.
Aunque los volúmenes asignados a México son menores que los comprometidos por su vecino del norte, durante el actual ciclo quinquenal, que concluye en octubre de 2025, el país apenas ha cumplido con el 30% de su cuota, según datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Este incumplimiento ha provocado reacciones por parte de las autoridades estadounidenses. A finales de marzo, rechazaron una solicitud mexicana para recibir un suministro de emergencia del río Colorado destinado a Tijuana. Esta negativa representa la primera en más de ocho décadas desde la firma del convenio hídrico.
México ha enfrentado en los últimos años periodos severos de sequía. La creciente demanda interna, aunada a deficiencias en la infraestructura, ha dificultado el cumplimiento del acuerdo.
Según un análisis de Reuters, “el tratado, vigente desde hace 81 años, no contemplaba el cambio climático ni el crecimiento acelerado de la actividad industrial y agrícola a lo largo de la frontera, impulsado por el libre comercio entre ambos países”.
La agencia calificadora S&P Global Ratings estima que 20 de las 32 entidades federativas mexicanas podrían sufrir altos niveles de estrés hídrico para el año 2050. Esto significa que, aproximadamente, el 60% del territorio nacional enfrentará una demanda de agua dulce superior a la oferta disponible.
Este indicador no solo considera la frecuencia de sequías, sino también factores como el desarrollo industrial, el crecimiento poblacional y la eficacia de las políticas públicas relacionadas con el manejo del agua.
Los datos revelan que en la presente década (2020-2030), 11 estados ya enfrentan un estrés hídrico elevado. Las zonas más afectadas son Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y Guanajuato.
Bajo un escenario climático de emisiones moderadas, se prevé que para los próximos 30 años se sumen Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Colima y Jalisco.
«Esa es la desconexión. Hay presión para seguir cumpliendo un tratado, pero en realidad no hay agua para hacerlo», advirtió Vianey Rueda, investigadora de la Universidad de Michigan, en declaraciones recogidas por Reuters.
Pese al panorama adverso, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, declaró recientemente que su administración mantiene mesas de diálogo con Estados Unidos para tratar esta problemática de escasez de agua. Aseguró que el país “cumplirá el tratado poco a poco”, aunque no detalló las medidas específicas que se adoptarán para lograrlo.
Un informe de Reuters señala que México está elaborando un plan para aumentar el volumen de agua enviado a Estados Unidos. Según fuentes anónimas citadas por la agencia, el gobierno ha accedido a entregar de inmediato 122,000 acres-pie, y contempla el envío de otros 81,000 acres-pie en los próximos meses. Con estas cifras, el país alcanzaría apenas un 40% del volumen estipulado en el tratado.
Para lograr estos envíos, el gobierno mexicano podría aplicar una cláusula polémica añadida al convenio el año pasado. Esta disposición permite a las autoridades federales extraer agua adicional de ciertos estados para cumplir con los compromisos internacionales.
De acuerdo con el reporte, la medida se aplicaría en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Los analistas advierten que su implementación afectaría significativamente las actividades ganaderas y la producción de granos en esas regiones.
Desde Estados Unidos, distintos actores políticos han criticado el incremento del uso de agua por parte de las industrias agropecuarias mexicanas cerca de la frontera, argumentando que perjudica a los agricultores de Texas.
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, declaró a Fox News el mes pasado que las actividades del sector primario en México “están diezmando a nuestros agricultores mientras expanden su industria agrícola y violan el Tratado de Aguas de 1944. Pero eso se terminó”.
Por su parte, Sid Miller, comisionado de Agricultura de Texas, señaló a principios de este año que “pedirle a México amablemente durante 20 o 25 años no ha funcionado”. Propuso la imposición de sanciones como medida de presión para que el país vecino cumpla con el acuerdo.
Los expertos advierten que, si México no aumenta el flujo de agua comprometido, podría enfrentar nuevas represalias comerciales. La administración de Donald Trump ha utilizado el comercio como una herramienta para abordar asuntos no económicos, como la migración y el tráfico de drogas.
Ahora, el incumplimiento del tratado hídrico podría añadirse a esa lista.
Ted Cruz, senador por Texas, declaró el mes pasado que “con el presidente Trump en el cargo y una nueva administración, conseguiremos el agua. México cumplirá. Ignorar el tratado ya no será una opción”.
Con información de WIRED
Foto: Getty Images
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