México vive una triple crisis ambiental. El país enfrenta, al mismo tiempo, los efectos del cambio climático, el avance de la contaminación y la rápida pérdida de biodiversidad. Ante esta situación, la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) presentó el cuadernillo Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas. El documento plantea una ruta fiscal de impuestos verdes para enfrentar esta emergencia con una premisa clara: quienes más contaminan deben aportar más.
Durante la presentación, especialistas señalaron que varios impuestos existentes pueden transformarse en herramientas ambientales efectivas. Hoy esos instrumentos no son verdes ni progresivos. Sin embargo, tienen el potencial de desincentivar actividades altamente contaminantes y generar recursos para mitigar daños. Sophia Appl, coordinadora técnica de la AJF, explicó que el problema central es la falta de claridad sobre el destino de la recaudación. Los recursos entran a una bolsa común y no se aseguran para la protección ambiental.
Por esta razón, la AJF elaboró 16 propuestas que fortalecen el carácter ecológico de tres tipos de impuestos ya vigentes: los impuestos al carbono, los vinculados al transporte y los relacionados con ecosistemas y biodiversidad. La posición es firme: México necesita un rediseño fiscal que desincentive tecnologías sucias y que financie un presupuesto ambiental hoy debilitado.
Las propuestas parten de un diagnóstico contundente. La desigualdad también se expresa en la contaminación. Diego Merla López, coordinador de estrategia de justicia fiscal en Oxfam México, señaló que el 1% más rico del país contamina tanto como el 80% más pobre. Además, el 0.1% contamina igual que el 40% más pobre. Esta disparidad se evidencia en prácticas de lujo como el uso de jets privados y yates.
Un jet privado contamina en una hora lo que una persona promedio emite en todo un año. En México, este tipo de aeronaves se beneficia de una estructura fiscal que no corresponde con su impacto ambiental. La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) se cobra por tonelada o por tiempo de uso. Esto termina favoreciendo a las aeronaves más pequeñas, como los jets privados, que operan intensivamente. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México incluso cobra la misma TUA a vuelos comerciales y privados.
El uso de yates también refleja esta distorsión. Un mega yate puede generar en un año una huella de carbono equivalente a la de 1,400 personas. A pesar de esto, las tarifas de atraque en México son de las más bajas del mundo. En Los Cabos la tarifa diaria es de 64 pesos. En Cozumel se cobran 20 pesos por pie. En contraste, puertos como Los Ángeles o Florida cobran entre 120 y 240 dólares por pie.
Estas inequidades también se expresan en el impacto de las inversiones. Merla recordó que los negocios de Carlos Slim, Germán Larrea y Alejandro Baillères contaminan más que 17 millones de personas. Esto muestra que la concentración de capital se traduce en una concentración del daño climático.
La AJF plantea medidas directas para corregir estos desequilibrios. Entre ellas se encuentran:
1. Derechos adicionales para jets privados.
La propuesta es agregar un cobro especial a la TUA basado en el costo social del carbono. Esta medida aplicaría, en primera instancia, en rutas como Toluca, Monterrey, Guadalajara, Cancún y Los Cabos, que concentran la mayoría de los vuelos privados.
2. Tarifas alineadas a estándares internacionales para yates.
La AJF propone definir tarifas de lujo para embarcaciones privadas, sobre todo en destinos de alta demanda turística. El objetivo es que los propietarios paguen por el impacto ambiental de estas actividades.
3. Cargos por congestión vehicular.
Ciudades como Singapur, Londres o Milán ya aplican estos cargos. La AJF propone que ciudades mexicanas adopten el modelo para reducir tráfico, mejorar la calidad del aire y financiar transporte público.
4. Reforma a la Tenencia.
La propuesta busca crear una Ley General de Tenencia. Esta ley incluiría un componente ecológico que cobre más a quienes usan vehículos más contaminantes. El mecanismo podría recaudar 22,500 millones de pesos adicionales.
5. Aumento al IEPS al carbono.
Hoy México cobra 3.5 dólares por tonelada de CO₂. La AJF sugiere elevarlo a un rango de entre 40 y 185 dólares por tonelada, más acorde con los costos sociales del daño climático.
6. Etiquetado de recursos ambientales.
Se plantea que, como mínimo, el 60% de los ingresos por impuestos a emisiones se destine de forma obligatoria a programas de mitigación, adaptación o conservación.
Arabel Alí, analista de políticas climáticas, recordó que México ratificó en la COP30 su meta de reducir 35% de emisiones para 2030. Para alcanzarla, advirtió, se necesitan impuestos justos y un financiamiento suficiente para la Semarnat. Sin estas medidas, el país no tendrá capacidad para cumplir sus compromisos.
Las propuestas de la AJF buscan una transición fiscal que proteja al planeta y a las personas más vulnerables. El objetivo es claro: que quienes más contaminan carguen con una mayor responsabilidad ambiental y que México fortalezca su presupuesto para enfrentar su triple crisis ecológica.
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