Juez concede amparo a 2 mil pescadores afectados por derrame de hidrocarburos en Veracruz

Luego del derrame en el Golfo de México, el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tuxpan emitió un juicio de amparo para que las autoridades federales protejan a más de dos mil pescadores y frenen la propagación de la contaminación. 

La autoridad federal también concedió una suspensión provisional a favor de las cooperativas pesqueras de Tamiahua, ubicado al norte de Veracruz, para atender los riesgos ambientales. 

El recurso jurídico, promovido por el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano trata de frenar la impunidad y garantizar la reparación integral de los daños provocados a las familias del litoral veracruzano. 

Jorge Álvarez Máynez, y el coordinador estatal en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz, explicaron que el amparo responde a la contingencia ambiental iniciada en febrero pasado cuando una fuga de petróleo dañó cientos de kilómetros de litoral, contaminando playas, lagunas costeras, arrecifes y manglares. 

Aquella contaminación, reprocharon, también impactó en la fauna marina protegida como tortugas, manatíes, delfines y aves: «a la fecha, se han recolectado más de 900 toneladas de hidrocarburos y residuos en la zona». 

Máynez y Carbonell de la Hoz, recordaron que «desde entonces advertimos que esta tragedia no podía quedar impune y que los responsables tenían que asumir las consecuencias”. 

Coincidieron en que el amparo es un primer paso, pero advirtieron que aún falta determinar responsabilidades, garantizar la reparación integral del daño ambiental y atender las afectaciones económicas sufridas por las comunidades pesqueras y, lo más importante, se ejecute un plan de acción urgente para restaurar las zonas y hábitats afectados”. 

Sostuvieron que mantendrán la presión legal para que se determinen las responsabilidades correspondientes, se atiendan las afectaciones económicas de las familias pesqueras y se ejecute con urgencia un plan integral de restauración ecológica. 

Los dos dirigentes emecistas, reprocharon que las comunidades veracruzanas no deben pagar el costo de la negligencia ni del abandono institucional. 

Con información de Latinus 

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