La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a detener la construcción acelerada de megacentros de datos ante el riesgo de sobredemanda de energía y agua, lo que podría agravar la desigualdad en el acceso a recursos básicos y dañar ecosistemas vulnerables. Esta advertencia forma parte del informe El nexo entre el agua y la energía, elaborado por Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
El documento señala que el auge de la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas ha disparado la demanda computacional, provocando un crecimiento acelerado de estas infraestructuras. Este fenómeno conlleva un aumento preocupante en el consumo eléctrico y de agua, con consecuencias graves para los ecosistemas acuáticos y expectativas insostenibles para el futuro.
El informe también denuncia la falta de transparencia en la industria: no existe un estándar unificado para medir el consumo hídrico y energético de los centros de datos. Aunque empresas como OpenAI y Google han divulgado estimaciones, estas cifras suelen limitarse a fases específicas del proceso, como la inferencia, y omiten el gasto asociado al entrenamiento de modelos, almacenamiento de datos y generación de imágenes o videos.
Por ejemplo, Google informó que una consulta promedio en Gemini consume 0.26 mililitros de agua (equivalente a cinco gotas) y 0.24 vatios-hora de electricidad, similar a mantener encendido un televisor durante nueve segundos. Aunque algunos expertos consideran que estas cifras son las más precisas divulgadas hasta ahora, otros advierten que no reflejan el consumo total.
El informe cita un estudio que estima que, en los próximos dos años, se requerirán entre 4,200 y 6,600 millones de metros cúbicos de agua para sostener el funcionamiento de los centros de datos a nivel global. Aunque estas cifras son menores que las del riego agrícola, resultan significativas en regiones con escasez hídrica, donde se priorizan mediante acuerdos opacos con corporaciones tecnológicas.
El número total de centros de datos en el mundo es desconocido, pero algunas fuentes estiman que supera los 10,000. Este crecimiento constante no solo reduce las reservas de agua, sino que también genera impactos indirectos en los ecosistemas acuáticos debido al aumento exponencial de la demanda energética.
En Estados Unidos, la demanda eléctrica se mantuvo estable durante años, pero con la irrupción de la IA y las criptomonedas, comenzó a crecer de forma acelerada. Un estudio del Lawrence Berkeley National Laboratory, realizado para el Departamento de Energía, advierte que los centros de datos podrían consumir hasta el 12% de toda la electricidad del país en 2028.
Ante esta presión, las autoridades han facilitado a las empresas tecnológicas el acceso a nuevas fuentes de energía, incluidos microrreactores nucleares. El informe señala que esta demanda energética está impulsando la reactivación de grandes presas hidroeléctricas, centrales térmicas y nucleares, lo que podría acelerar el cambio climático y aumentar los riesgos de contaminación del agua.
Corporaciones como Amazon, Google, Meta y Microsoft están estableciendo alianzas estratégicas con la industria de los hidrocarburos e incluso planean construir plantas nucleares para abastecer sus centros de datos.
La ONU advierte que, ante la escasez de agua y electricidad provocada por el uso masivo de tecnologías emergentes, los nuevos centros de datos se están instalando en países con disponibilidad de estos recursos, muchas veces con subsidios públicos. Esta tendencia podría profundizar las desigualdades energéticas y limitar el acceso a electricidad asequible para cubrir necesidades básicas, especialmente en sectores vulnerables.
En México, por ejemplo, gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon invierten miles de millones en centros de datos en Querétaro, mientras que las comunidades locales enfrentan sequías, desplazamientos y falta de acceso a agua potable. Y las promesas de empleo, infraestructura y sostenibilidad ambiental no se han cumplido.
En 2024, al menos 1,180 millones de personas vivían en pobreza energética, sin acceso a electricidad. Esta cifra representa un aumento del 60% respecto a los 733 millones registrados en 2020, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El informe subraya que las tarifas preferenciales y la prioridad otorgada a las corporaciones tecnológicas generan asimetrías injustas frente a otros sectores que generan más empleos y merecen atención prioritaria. Esta situación se da en un contexto de creciente pobreza energética a nivel global.
Pedro Arrojo Agudo sostiene que los sistemas energéticos actuales, guiados por la lógica del mercado, violan derechos humanos, degradan ecosistemas y profundizan desigualdades sociales. Por ello, llama a los Estados miembros de la ONU y a las instituciones internacionales a establecer una moratoria en la instalación de nuevos centros de datos hasta que se evalúen sus impactos reales sobre el bienestar social y ambiental.
Además, propone exigir a las empresas información clara y verificable sobre su consumo de agua y energía, para identificar los factores que agravan el cambio climático y amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, los derechos humanos y la supervivencia de sectores productivos vulnerables.
“El goce efectivo de los derechos humanos debe prevalecer sobre la obsesión por incrementar la producción de energía. Es urgente formular un nuevo concepto de progreso, basado en el respeto a los derechos humanos y limitado por la sostenibilidad ambiental de los recursos hídricos”, concluye el informe.
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