El Gobierno de Colombia ha abierto nuevamente el debate sobre el uso de glifosato para combatir los cultivos ilegales de coca, marihuana y amapola. La medida busca recuperar una estrategia que fue suspendida en 2018 debido a las preocupaciones relacionadas con los posibles efectos del herbicida sobre la salud de las comunidades y el medio ambiente.
La propuesta aparece en un proyecto de decreto publicado recientemente por el Ministerio de Justicia, en el que se plantea reactivar la aspersión aérea de glifosato sobre cultivos considerados ilícitos. El documento permanecerá disponible durante 30 días para que ciudadanos y organizaciones puedan presentar comentarios a través de la plataforma oficial del Ministerio, según informó El Espectador.
El proceso todavía no supone el regreso inmediato de las fumigaciones. Una vez concluida la etapa de participación pública, el proyecto deberá ser revisado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo que tendrá que evaluar la propuesta antes de que pueda entrar en vigor.
La eventual reactivación de la aspersión aérea ocurre bajo un marco de condiciones establecido por la justicia colombiana. En particular, el Ministerio de Justicia deberá tomar en cuenta los lineamientos fijados por el Tribunal Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019.
Estas decisiones establecieron requisitos relacionados con la protección del derecho a la salud y con la necesidad de evaluar los posibles impactos de las fumigaciones. El Gobierno ha señalado que el nuevo esquema pretende cumplir con dichas exigencias y establecer mecanismos que permitan identificar y reducir los riesgos derivados del uso del herbicida.
De acuerdo con la propuesta, la Policía Nacional tendría a su cargo las operaciones de aspersión. Paralelamente, se contempla la creación de un mecanismo independiente para monitorear los posibles riesgos asociados al glifosato y realizar un seguimiento de sus efectos.
El proyecto también plantea desarrollar estudios sobre las consecuencias que podría tener la exposición al herbicida en las comunidades ubicadas en las zonas de aplicación. A ello se sumaría un mecanismo mediante el cual los habitantes puedan presentar quejas, reportar afectaciones y expresar sus preocupaciones ante las autoridades.
Las dudas sobre el glifosato no son nuevas en Colombia. En 2018, habitantes del municipio de Nóvita presentaron denuncias relacionadas con problemas de salud que atribuían al contacto con el herbicida. El caso derivó en una nueva discusión sobre las condiciones que deben cumplirse antes de permitir la fumigación aérea.
En ese contexto, el Tribunal Constitucional determinó que la decisión sobre el uso del glifosato correspondía al Consejo Nacional de Estupefacientes, bajo el cumplimiento de las condiciones establecidas para proteger a las comunidades.
La propuesta actual llega mientras el país enfrenta nuevamente el desafío de contener la expansión de los cultivos de coca. Durante el gobierno de Iván Duque, la recuperación de la fumigación aérea con glifosato fue defendida como una de las herramientas para enfrentar el crecimiento de estos cultivos.
Ahora, la iniciativa vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre las estrategias de seguridad y lucha contra las drogas y la necesidad de proteger la salud pública y los ecosistemas. Antes de que las aeronaves vuelvan a realizar operaciones de aspersión, el Gobierno deberá completar el proceso de consulta, atender las observaciones de la ciudadanía y demostrar que el nuevo esquema cumple con las exigencias judiciales.
El debate, por tanto, no se limita a decidir si el glifosato volverá a utilizarse, sino a determinar bajo qué condiciones podría hacerlo el Estado y qué mecanismos existirán para identificar, prevenir y atender sus posibles consecuencias.
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