En el 2020 fueron asesinadas 18 personas defensoras del medio ambiente.
Luego de ocho años de registro y documentación, CEMDA constata que prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio.
La actual administración federal tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para un México donde existan garantías efectivas de respeto y protección de los derechos humanos ambientales y su defensa.
En el año 2020 se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde hace décadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. A la situación prevaleciente se sumaron diversas complicaciones vinculadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2 y las determinaciones gubernamentales adoptadas.
Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas se elevó en comparación con el año anterior. Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos[1]; de este número la agresión más recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.
Como contexto general, se debe señalar que, del periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 agresiones registradas, [2] sin embargo, de ese número, casi un tercio fueron homicidios.[3]
Al presentar el día de hoy el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México en su edición 2020, CEMDA detalló que, en lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.
En cuanto al tipo de víctima, los ataques perpetrados se realizaron tanto hacia personas en lo individual, contra dos o más personas, contra comunidades, así como contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la tierra o el territorio. Referente a los ataques en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron 16 ataques (24.6%) contra comunidades y 12 ataques (18.5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros.
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