México dio un paso clave para transformar la manera en que producimos y consumimos. La Ley General de Economía Circular ya fue aprobada por el Senado de la República, tras recibir la minuta de la Cámara de Diputados, y fue enviada al Ejecutivo Federal para su publicación. Su objetivo es claro: romper con el modelo de producir, usar y tirar y avanzar hacia uno que prolongue la vida útil de los productos y reduzca los residuos.
El cambio es urgente. En ciudades como la Ciudad de México, se generan cientos de toneladas diarias de residuos textiles, resultado de una industria que privilegió durante años la rapidez y el bajo costo por encima de la durabilidad. La nueva ley reconoce este problema y propone un nuevo marco legal para enfrentarlo desde el origen.
Uno de los ejes centrales es la responsabilidad extendida del productor. Esto significa que las marcas ya no solo responden por vender una prenda, sino también por su impacto ambiental durante toda su vida útil. Para cumplir, deberán diseñar prendas más duraderas, reparables y reciclables, además de implementar sistemas de recolección o devolución y registrar un plan de cumplimiento ante la autoridad ambiental.
Este enfoque busca prevenir residuos, no solo gestionarlos. Al exigir que el diseño contemple el final de vida del producto, la ley empuja a la industria hacia procesos más eficientes y materiales con menor huella ambiental.
La aplicación será gradual, y es cierto que implicará ajustes y costos iniciales. Sin embargo, la ley también abre oportunidades: innovación en materiales, modelos de reparación, reciclaje y reventa, y ahorros a largo plazo por un mejor uso de recursos. Además, las empresas que cumplan podrán obtener reconocimientos oficiales, mientras que el incumplimiento traerá sanciones.
La sostenibilidad deja de ser un discurso voluntario y se convierte en una obligación legal. Para la moda en México, adaptarse a tiempo no solo es cumplir la ley: es ganar resiliencia, competitividad y confianza en un mercado que exige cambios reales.
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