En medio del escándalo que envuelve a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los gobiernos federal y de Quintana Roo informaron una inversión superior a los 210 millones de pesos para la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cozumel. Esta infraestructura, bajo operación de la CAPA, busca duplicar su capacidad actual y evitar la contaminación del manto freático.
Hoy en día, la planta tiene capacidad para tratar 110 litros de agua por segundo, aunque la demanda supera los 200 litros por segundo. Por ello, el proyecto se desarrollará en dos etapas: la primera contará con un presupuesto de 123 millones de pesos, mientras que la segunda, programada para noviembre de 2025, requerirá una inversión adicional de 90 millones de pesos.
“Esta inversión permitirá subsanar años de atraso y evitará el vertido de aguas negras, protegiendo el entorno natural de la isla”, declaró el presidente municipal José Luis Chacón Méndez.
La meta es que para el año 2026, la planta San Miguelito opere con una capacidad de 230 litros por segundo, lo que también permitirá reutilizar el agua tratada.
El anuncio de esta inversión ocurre en un momento delicado para la CAPA, que atraviesa una crisis de confianza tras múltiples denuncias en redes sociales sobre derrames de aguas residuales que han afectado el manto freático y deteriorado el ecosistema en la zona norte de Cozumel. A esto se suma una investigación en curso por malversación de fondos públicos dentro del organismo.
De acuerdo con reportes extraoficiales, se habría detectado un desfalco de más de 22 millones de pesos presuntamente cometido por trabajadoras de CAPA en colaboración con personal de la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF). Parte de ese dinero habría sido destinado a la compra de criptomonedas y viajes al extranjero, específicamente a Europa, sin autorización institucional.
La Fiscalía Anticorrupción ya indaga el caso, el cual fue denunciado por la propia área jurídica de CAPA, tras detectar irregularidades financieras en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. Entre los nombres señalados están tres empleadas identificadas como “Lupita”, “Irene” y “Miriam”, esta última presuntamente ocupando un cargo de jefatura.
También se investiga a una trabajadora de la DRAEF, identificada como “Mónica”, quien habría firmado convenios de liquidación irregulares en casos de adeudos mayores a 200 mil pesos, permitiendo a los usuarios saldar sus cuentas con montos simbólicos, sin registrar los ingresos de forma oficial.
Es importante recordar que en años anteriores ya se había aprobado una inversión de 140 millones de pesos para la construcción de un módulo de pretratamiento y un tanque de lodos activados. Sin embargo, hasta la fecha no se han reportado avances físicos en la obra, lo que ha incrementado las sospechas sobre el uso de los recursos asignados.
La ampliación de la planta resulta prioritaria para reducir los riesgos sanitarios y ambientales que enfrenta Cozumel. No obstante, el contexto actual de denuncias por corrupción y los derrames de aguas negras han puesto en duda la eficiencia y transparencia de la CAPA, la institución responsable del proyecto.
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