En el municipio Ixtaczoquitlán, Veracruz, vecinos denunciaron y expusieron los efectos nocivos que provocaba el funcionameinto de la Planta Tratadora de Aguas Residuales del Alto Río Blanco que operaba desde 1995 por la transnacional Mitsui & Co. Infraestructure Solutions.
Pero la noche del lunes 21 de agosto, personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) clausuró las instalaciones del Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del alto Río Blanco (Firiob) ubicadas en ese municipio.
Afectados dijeron que la empresa japonesa arroja aguas negras al río y gases tóxicos. “Ácido sulfhídrico que carcome poco a poco los fierros de las casas y todos los objetos de metal, un gas que destruye las vallas que separan un terreno de otro, agua color café que es directamente arrojada a los ríos”.
Pero la obra ya fue clausurada de manera temporal el pasado 21 de agosto por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) tras incumplir las medidas urgentes de mitigación que el organismo había interpuesto a la empresa meses atrás.
Gaspar Monteagudo, jefe de inspección y vigilancia de la PMA fundamentó que tras un análisis de la calidad del aire y del agua, “los resultados dieron unos niveles de contaminación altísimos”; aseguró que la planta vierte 700 litros de agua contaminada por segundo al día al río Escamela.
Ciudadanos afectados por la contaminación
Abigail Simbrón, de 36 años, comerciante dijo que cuando llueve mucho “sale el agua apestosa de los hoyitos en los caminos; por culpa de ese aire envenenado las cosas se echan a perder, todo se oxida”.
María Ramírez, campesina que vive a metros de sus instalaciones, dijo: “Pero lo peor es ese olor horrible. Los niños se enferman a cada rato”.
Las sucesivas denuncias ciudadanas impuestas por los nocivos efectos de las instalaciones incentivaron una inspección de la PMA a finales del 2022.
El arbitraje fue apoyado por el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien también es presidente del fideicomiso que administra la planta tratadora de aguas residuales (Firiob).
El regidor se mostró entonces implacable hacia las malas prácticas de Mitsui, que supuestamente omitió las recomendaciones gubernamentales.
Ramón Moreno, el director de Mitsui en México, niega las acusaciones: “Desde el momento en el que Mitsui asumió la operación de la planta [en 2004] ha cumplido completamente con la normatividad, los niveles de calidad de agua y los términos de los contratos firmados”.
El documento de la autoridad reguladora es, no obstante, tajante: la empresa no cuenta con los permisos para operar ni respetó los parámetros mínimos que establecen las normativas.
Edgar Carmona, químico ambiental y el nuevo director del Firiob refirió que cuando su equipo llegó a las instalaciones encontraron “tecnología obsoleta, las infraestructuras a punto del derrumbe, muchos de los reactores no funcionan, hay fallas a lo largo de todo el tren maquinario, las tuberías que conducen el biogás están desfasadas. Y se dan muchas irregularidades: la lista del personal contratado no se corresponde con los que aquí trabajan, entre otros ejemplos”.
“Tampoco hay manuales de operación, las aguas arrastran metales pesados, mucho plomo y aluminio, y se descargan directamente en el río”, matiza Mario Júarez, técnico ambiental del fideicomiso de la obra hidráulica.
La planta, además, según ese peritaje, no cumple con los parámetros requeridos por la última Norma Oficial Mexicana 001-Semarnat, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales muy inferiores al que expulsan las instalaciones.
“No sólo está contaminando de forma catastrófica nuestra naturaleza, sino vulnerando derechos humanos. Hablamos de un grave problema de salud pública”, insiste Carmona. Tras el dictamen de la PMA, todavía no se ha determinado quién se encargará de la operación del proyecto.
Con información de El País
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