El año 2025 ha sido año crítico para la acción climática pues las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), presentadas por los países ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), deben ser renovadas, actualizadas y robustecidas. Lo anterior porque estos instrumentos se consideran los vehículos más importantes para reducir emisiones causantes del cambio climático, y avanzar la agenda de resiliencia ante los impactos negativos de este problema. Estas contribuciones deben actualizarse cada cinco años, pensando en ciclos que puedan ir incrementando la ambición, con base en las capacidades de los países.
El llamado originalmente era que los países debían someter sus NDC 3.0 en marzo de 2025, pero dadas las complicaciones presupuestales y de capacidades, entre otras cosas, hasta ahora solo 34 países han sometido dichos instrumentos. En este contexto, México se encuentra activamente en el diseño de sus nuevas NDC, llevando a cabo diversidad de diálogos, tanto con la administración pública como con organismos académicos y de la sociedad civil. El proceso encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), así como por su dirección de acción climática, ha sido muestra del interés de avanzar la agenda y robustecer este instrumento clave.
De acuerdo con lo compartido por la SEMARNAT, la idea central es aumentar la ambición no solo en términos de reducción de emisiones, sino también en materia de adaptación y reducción de la vulnerabilidad. Algunos aspectos clave como el incremento a la energía renovable, el fortalecimiento a la electromovilidad, además de otros sectores clave, se enuncian como centrales.
La pregunta de fondo, sin embargo, es si SEMARNAT, con una reducción importante de presupuesto para operar, una caída creciente de la cooperación bilateral (como el proveniente de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos), así como otras barreras estructurales, podrá no solo diseñar unas NDC adecuadas, sino -y más importante- podrá implementarlas.
En 2023, México destinó 1.7 mil millones de dólares de su presupuesto a acciones relacionadas con la atención al cambio climático. Sin embargo, en el mismo año canalizaron 49.7 mil millones de dólares en la producción de combustibles fósiles. Esto significa que, por cada dólar invertido en actividades sostenibles, se asignaron 28 dólares a iniciativas intensivas en carbono, lo que refleja una marcada asimetría en la orientación del gasto público.
A esta situación se suma la alta dependencia de México respecto a los ingresos intensivos en carbono. En 2023, estos ascendieron a 133.3 mil millones de dólares, mientras que los ingresos asociados a actividades sostenibles apenas representaron 2.3 mil millones de dólares en 2021. Es decir, México recaudó 56 veces más recursos provenientes de fuentes contaminantes que de fuentes sostenibles, lo que evidencia una estructura fiscal aun profundamente vinculada a actividades con alto impacto ambiental.
Esto permite plantear una pregunta más grande y es si realmente se puede recuperar el liderazgo climático que plantea SEMARNAT, de la mano de una creciente política extractivista, que plantea poner al centro el fortalecimiento del sector petrolero, y minero, cuyas actividades no solo incrementarán las emisiones, sino también aumentarán el impacto en territorio, en los ecosistemas y en las comunidades.
En el reciente Plan Estratégico de PEMEX (2025-2035) anunciado en el mes de agosto de 2025, se plantea una clara agenda de ampliación de la extracción de petróleo, un aumento en la producción y transportación de gas, y la extracción de minerales críticos a través del fracking, que pese a haber sido “prohibido” por el presidente López Obrador, ahora parece cobrar fuerza en la ecuación.
Entre otras cosas, el plan prevé seguir incrementando los ingresos atados a estas actividades, y aunque menciona la energía sostenible, no es claro cómo serán financiados los proyectos enunciados, que además representan una porción menor de los proyectos planteados hacia 2035.
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