México se prepara para enfrentar los efectos de la crisis climática en 2026 con el presupuesto ambiental más bajo en más de dos décadas. El Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) refleja un retroceso significativo en la protección de los ecosistemas, justo cuando se requiere fortalecer las instituciones ambientales.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), encargada del manejo de 232 zonas que cubren más del 30% del territorio nacional, enfrentará un recorte del 12% respecto a 2025, equivalente a 138 millones de pesos. De aprobarse, operará con apenas 1,002 millones de pesos, una cifra que especialistas califican como “asfixia financiera”.
“Las áreas naturales protegidas no se cuidan solas: requieren personal, recursos y acompañamiento comunitario”, advirtió Gina Ileana Chacón, representante de Wildlands Network México y miembro de NOSSA. El recorte afectará funciones esenciales como la conservación, restauración y vigilancia ambiental. Actualmente, solo 140 de las 232 áreas cuentan con programas de manejo vigentes, y sin presupuesto suficiente, su actualización —que incluye consultas con comunidades indígenas— se vuelve casi imposible.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también sufrirá una disminución del 4.3% en su presupuesto, lo que representa 1,859 millones de pesos menos que en 2025. Su participación en el gasto federal total se reducirá al 0.6%, y apenas al 0.1% del PIB, muy por debajo del estándar recomendado por la CEPAL, que sugiere al menos 3.7%.
Mientras el presupuesto ambiental se reduce, los megaproyectos del gobierno federal mantienen una posición privilegiada. El programa “Proyectos Trenes e Infraestructura”, que incluye al Tren Maya, recibirá un presupuesto 30 veces mayor al asignado para todas las áreas naturales protegidas del país.
Dentro del Anexo Transversal 16 —que agrupa el gasto destinado a la adaptación y mitigación del cambio climático— menos del 0.2% se orienta a la conservación ambiental, a pesar de que los ecosistemas naturales son la primera línea de defensa frente a huracanes, incendios e inundaciones.
Jorge Martínez, coordinador del Programa de Justicia Climática de Oxfam México, señaló que esta distribución presupuestal “refleja las verdaderas prioridades del país”. Explicó que dentro de Semarnat, la política de cambio climático tiene muy poco presupuesto, y que la mayoría de los recursos se destinan a Conagua. Aunque considera esto necesario, advierte que sin una visión integral, es insuficiente.
La propia secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció los retos de operar con menos recursos. Durante su comparecencia en el Congreso, explicó que Semarnat trabaja en siete prioridades hacia 2030, como el saneamiento de cuencas, la restauración de manglares y bosques, y la reducción del 35% de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, advirtió que el financiamiento actual es insuficiente y pidió que se reintegren los excedentes de 5,800 millones de pesos recaudados por servicios ambientales.
La diferencia entre las metas ambientales y los recursos asignados es clara. Mientras países como Brasil, Colombia o Costa Rica incrementan sus inversiones en transición energética y conservación, México destina apenas el 0.1% de su PIB al medio ambiente. “El país pierde competitividad ante el mundo”, advirtió Martínez. “Sin agua, con energía sucia y sin estrategia climática, México se rezaga en atracción de inversiones verdes y en seguridad económica”.
El especialista insistió en que el país mantiene una visión de desarrollo obsoleta, centrada en el petróleo, cuando debería realinear sus prioridades hacia energías limpias, movilidad sostenible y agua segura. “Aun si duplicáramos o triplicáramos el presupuesto ambiental, no alcanzaría si mantenemos un sistema económico que incentiva destruir ecosistemas”, dijo.
Martínez recordó que el impacto del cambio climático ya golpea directamente a las comunidades más vulnerables. “Sin financiamiento público, sin prevención, sin capacidades institucionales, cada huracán o inundación será más devastador. Lo vimos con Otis y lo veremos otra vez si no se corrige el rumbo”.
A días de que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto antes del 15 de noviembre, organizaciones civiles insisten en la necesidad de crear voluntad política para cambiar las prioridades. “Mientras no alcemos la voz, mientras no exijamos justicia fiscal, energética y climática, las cosas seguirán igual. Pero sí hay esperanza si la sociedad presiona y exige coherencia entre el discurso y los hechos”, concluyó Martínez.
Para Gina Chacón, lo que está en juego no es una cifra, sino la capacidad del país para sobrevivir a la crisis climática. “El dinero invertido en medio ambiente no es un gasto, es una inversión en bienestar y calidad de vida. Garantizar ecosistemas sanos es garantizar salud, agua y alimento para la población. Sin recursos suficientes, las áreas protegidas quedarán abandonadas, y con ellas desaparecerán especies, servicios ecosistémicos y oportunidades para las comunidades locales”.
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