Con la reciente muerte de Álvaro Arvizu, defensor de agua en el Estado de México, en la última década; y del investigador en agroecología y apicultura, Márquez Fernández, México sigue sumando razones para estar en la lista de los países más mortales para los defensores del medio ambiente.
Según el reporte de Global Witness, en el año 2021, México fue el país más mortal para los defensores del medio ambiente, con 54 asesinados.
Basta recordar que recientemente, el ambientalista falleció tras sufrir un ataque el 3 de junio en la sede del colectivo ambientalista Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli) en Tlalmanalco.
En ese entonces la unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que promueve el Centli detalló que aquel día, un grupo de personas no identificadas entró a la sede de la organización y, además de atacar a Arvizu, amenazó y amedrentó a su esposa y compañera de trabajo y a otro de sus colaboradores.
Ante el asesinato, el centro educativo exigió justicia y protección para garantizar la seguridad de los ambientalistas, y recordó de la siguiente manera al activista: “Durante su vida, Álvaro Arvizu Aguiñiga se dedicó a defender el agua y el medio ambiente, colaborando con múltiples activistas y organizaciones. Su trabajo es de enorme valor”.
Según la página del Centli, el proyecto en el que trabajaba Arvizu está promovido por el programa de investigación Sierra Nevada de la UAM, que también incluye la iniciativa guardianes de los volcanes y la Sociedad Cooperativa Estudios y Proyectos Sierra Nevada.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZF) denunció en un comunicado que se trata de la segunda muerte de un ambientalista en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl en pocos días.
Según explican, la noche antes del ataque a Arvizu, el 12 de junio, el investigador en agroecología y apicultura de la Universidad de Puebla Cuauhtémoc Márquez Fernández sufrió un atentado mortal en su casa en la Cañada del Agua, también en la localidad de Tlalmanalco.
“Lo anterior deja en evidencia el grave riesgo que corren las personas defensoras de derechos humanos en México y particularmente en el Estado de México, que se consolida como uno de los estados más peligrosos para la labor de defensa de derechos humanos”, denuncia el CDHZF en el comunicado en el que exige a las autoridades estatales y federales una investigación y que se castigue a los responsables.
Global Witness destaca el manto de impunidad que hay en México frente a estos crímenes, pues más del 94% de los delitos no son denunciados y solo el 0,9 % son resueltos.
Y en 2022, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó al menos 24 ambientalistas asesinados por defender la tierra y sus recursos.
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