Tribunal Internacional responsabiliza al Estado mexicano de ecocidio y etnocidio
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano de ecocidio y etnocidio con la obra insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: Tren Maya,
El veredicto del Tribunal Internacional destaca que se viola los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales.
Lo anterior “se considera un crimen de ecocidio y etnocidio”, y la institución creada por ciudadanos para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales, responsabilizó al Estado mexicano del mismo.
En su veredicto, firmado por juristas, economistas y ambientalistas internacionales, el Tribunal declara que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.
También el derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
EFE publica que el Tren Maya, que se inaugurará en diciembre, ha estado rodeado de polémica durante toda su construcción por las denuncias de destrucción de la biodiversidad del sur de México, repleto de humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, y del patrimonio cultural que todavía se conserva en la región.
Ante los amparos presentados por organizaciones ambientalistas, López Obrador declaró la construcción como un proyecto de seguridad nacional e interés público, medida con la que bloqueó la información al respecto y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
Entre las principales afectaciones reflejadas en el veredicto destacan la contaminación de acuíferos, la deforestación -hasta 10 millones de árboles talados-, la extinción de flora y fauna o la destrucción de cenotes.
La obra contempla 1.554 kilómetros de vía para un tren turístico, de carga y pasajeros locales en los estados del sureste de México: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Respecto a los derechos de las comunidades originarias, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios o la militarización de la región para supervisar el proyecto.
El Tribunal pide al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra; reparar y restaurar los ecosistemas afectados; y suspender la expropiación de tierras ejidales.
De esta manera, el Tribunal entregará el veredicto a López Obrador e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH); el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Foto tomada de Cuartoscuro
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