Colombia llegó a la COP30 con un anuncio que buscaba marcar un punto de quiebre en la política ambiental regional: declarar toda su Amazonía como una zona libre de minería e hidrocarburos. La medida, presentada como un acto ético y de liderazgo, recibió un respaldo clave de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Sin embargo, también abrió un debate jurídico inmediato dentro del país.
El apoyo de COICA se dio en una reunión bilateral en Belém do Pará con la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres. La plataforma indígena, que reúne a pueblos de los nueve países amazónicos, destacó la “valentía” del Gobierno colombiano. Además, afirmó que sus decisiones pueden convertirse en un referente para el resto de la cuenca. Según Vélez, la organización desea que esa valentía “irradié” a las políticas del bioma y pidió a Colombia compartir su experiencia durante el próximo año.
Asimismo, COICA expresó interés en fortalecer la cooperación técnica y política. Para el Ministerio, ese respaldo llega en un momento histórico para la región. Ambas partes ratificaron su compromiso de trabajar juntas para proteger la biodiversidad, defender los territorios y reforzar la resiliencia climática.
El anuncio de Colombia se hizo público durante el Encuentro de Ministros de Ambiente de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en el marco de la COP30. Allí, Vélez declaró que Colombia es el primer país amazónico en reservar la totalidad de su bioma amazónico frente a actividades extractivas. También invitó a los países vecinos a unirse a una “Alianza Amazónica por la Vida”.
La propuesta intenta blindar más de 483.000 kilómetros cuadrados, equivalentes al 42% del territorio continental colombiano. Busca frenar nuevos proyectos extractivos, incluidos 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras. La región abarca seis departamentos y es hogar de 1,2 millones de habitantes, la mayoría pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes. Además, allí se concentra el 10% de las plantas registradas en el planeta, lo que evidencia su urgencia ecológica.
Sin embargo, la noticia recibió una respuesta institucional inmediata. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior recordó que cualquier decisión de este tamaño debe pasar por un proceso obligatorio de consulta con las comunidades étnicas. El concepto oficial advirtió que la medida no puede adoptarse hasta que ese trámite se inicie y concluya de manera formal.
El análisis también profundizó en los impactos sobre las comunidades. Señaló que la propuesta afecta directamente a 566 comunidades étnicas. Además, genera nuevas restricciones sobre modos de vida, actividades tradicionales y dinámicas económicas, sociales y espirituales. Por eso concluyó que toda regulación sobre actividades económicas o territoriales debe contar con consulta previa para tener validez jurídica.
Aun con el debate legal, el Gobierno enmarcó la medida dentro de un esfuerzo mayor. En el mismo encuentro se lanzó la Comisión Especial de Medio Ambiente y Clima (Cemac), una plataforma regional para combatir delitos ambientales, fortalecer la gestión de la biodiversidad y avanzar hacia una transición energética justa. Colombia insistió en que proteger la Amazonía es una inversión ética en el futuro regional. También afirmó que la selva, los ríos y la vida no reconocen fronteras.
Para el Gobierno, esta declaratoria representa una apuesta ética, científica y de justicia ambiental. Busca evitar la degradación de los bosques, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad. Asimismo, sostiene que ningún proyecto económico puede estar por encima del derecho a la vida, al agua y al futuro de los pueblos amazónicos.
Con este anuncio, Colombia se posiciona en la vanguardia climática. Aunque la consulta previa será determinante para su implementación, el país logró abrir en la COP30 una discusión regional sobre el futuro del bioma más importante de Sudamérica.
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