Granjas porcícolas afectan a comunidad indígena maya; acuden a SCJN

Luis Ysmael Salazar Teh, comisario ejidal de Chapab, Yucatán, denunció que la comunidad indígena maya está siendo afectada por granjas porcícolas y han solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia. 

La instalación sin su consentimiento ha derivado en pestilencias, contaminación y diversas enfermedades no dejan vivir a sus habitantes. Aunado a que los ejidatarios ahora ni siquiera pueden cosechar sus milpas porque han perdido las reservas de agua y hasta han llegado a vender sus tierras. 

De acuerdo a la plataforma Mongabay, el caso de esta comunidad es sólo uno de muchos en el estado de Yucatán, al sureste de México, ya que organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que, desde hace casi dos décadas, más de 200 granjas para la producción masiva de cerdos operan en todo el territorio de Yucatán, incluidas tierras indígenas y campesinas.  

La cifra fue confirmada, e incluso superada en marzo del 2023, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de un dictamen ambiental que dio la razón a las denuncias. Aún así, no se ha logrado detenerlas. 

Se advierte que al menos diez pueblos mayas cuentan con diversos procesos de defensa, pues la presencia de la industria porcícola ha causado afectaciones no sólo a la salud, sino a las reservas de agua, la agricultura tradicional y el control del territorio, según documentó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). 

Por ello, desde diciembre del 2023, ejidatarios y pobladores de la comunidad de Chapab -tras varios juicios desechados a nivel local- han lanzado una solicitud puntual: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga su caso, logre una consulta indígena y expulse a la granja de su territorio.  

En enero del 2024, más de 300 organizaciones, comunidades y ciudadanos firmaron la petición y se unieron a la demanda de Chapab. 

Para el CCMSS, lograr acciones de la SCJN sentaría un precedente para controversias de otros proyectos extractivos que pretenden establecerse en las comunidades sin consultas previas, libres, informadas y culturalmente pertinentes. 

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