La violencia contra personas defensoras del medio ambiente y del territorio continúa fuera de control en Latinoamérica. Tan solo en 2024, al menos 120 activistas fueron asesinados o desaparecidos en la región, de acuerdo con el informe más reciente de Global Witness.
El reporte, titulado “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio”, documenta que 146 personas en todo el mundo perdieron la vida o desaparecieron mientras protegían sus territorios, comunidades y ecosistemas. De esos casos, el 82 % se concentró en América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa para quienes defienden la naturaleza.
Colombia encabeza la lista por tercer año consecutivo con 48 homicidios, seguida por Guatemala, que pasó de cuatro casos en 2023 a 20 asesinatos en 2024, un salto alarmante. En el tercer lugar se ubica México, con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 víctimas. Honduras registró cinco casos; Nicaragua y Perú, cuatro cada uno. Ecuador documentó tres, mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.
Desde 2012, cuando Global Witness inició este monitoreo, se han contabilizado 2.253 asesinatos y desapariciones de personas defensoras, de los cuales 72 % ocurrieron en Latinoamérica.
Aunque las cifras de 2024 representan 50 casos menos que en 2023 y constituyen el número más bajo en la última década, el informe advierte que esto no implica una disminución real de la violencia. Por el contrario, los ataques se han transformado en métodos más sofisticados.
“La criminalización, las amenazas, los ataques digitales y otras formas de hostigamiento están haciendo la vida muy difícil a las personas defensoras, aunque no las priven de la vida”,, autora principal del informe y asesora de la campaña de defensores de la tierra y el medioambiente en Global Witness.
Según la organización, estas agresiones buscan silenciar y deslegitimar a quienes protegen la biodiversidad y los territorios comunitarios, creando un entorno de miedo y persecución.
Pese a que en Colombia se registraron 31 asesinatos menos que en 2023, el país sigue siendo el más letal para los defensores: los 48 casos reportados representan un tercio de los documentados a nivel global en 2024.
El informe detalla que 19 de las víctimas eran indígenas y 20 campesinos, lo que refleja cómo la violencia se ensaña con comunidades rurales e históricamente vulnerables. Global Witness también analizó los mecanismos de protección en Colombia, cuyo alcance y eficacia resultan insuficientes frente al nivel de riesgo.
Un ejemplo es el de Jani Silva, lideresa social y defensora de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en Putumayo. Silva ha pasado más de 11 años bajo medidas de protección debido a las amenazas e intentos de asesinato que enfrenta por su labor en defensa del territorio. Su caso ilustra la precariedad de los sistemas estatales para garantizar la seguridad de quienes resisten frente a intereses extractivos y actores armados.
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