La minería es una enorme industria global con el poder de impulsar considerablemente la economía de un país, pero también puede causar daños significativos no solo en los ecosistemas cuyos recursos utiliza sino también el hecho de lo extenuante que es dedicarse a la minería (razón por la cual suele ser practicada en comunidades marginadas).
Más del 60% de las personas que viven en pobreza viven en países que poseen recursos naturales valiosos y abundantes como petróleo, gas y minerales. Sin embargo, irónicamente, la mayoría de estos ciudadanos rara vez comparten esta riqueza.
La minería puede generar empleos, inversión en proyectos de desarrollo comunitario y un aumento de la actividad económica, pero los procesos mineros también pueden dañar el medio ambiente circundante al destruir la tierra y la biodiversidad, generar sustancias químicas tóxicas y causar contaminación del agua y el aire. La minería también contribuye al cambio climático al producir combustibles fósiles, que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
Un ejemplo de cómo esto funciona podría ser la industria minera australiana, la cual está activa en países donde la corrupción abunda y el conflicto es un riesgo constante.
Hoy en día, Australia es uno de los principales productores y exportadores mundiales de metales y minerales, que representan casi el 70% de sus ingresos totales por exportación. La industria minera es uno de los principales contribuyentes al crecimiento económico del país.
Las operaciones mineras en países de bajos ingresos presentan una situación diferente. El petróleo y los minerales son el principal producto de exportación de la mayoría de estos países. Sin embargo, las personas vulnerables a la desigualdad, en particular las mujeres y los pueblos indígenas, tienen muchas menos probabilidades de beneficiarse de la extracción de recursos. El impacto ambiental de la minería en países de bajos ingresos suele ser más grave debido a la falta de consulta con las comunidades y a la menor regulación.
Estos impactos se agravan cuando no se consulta a la población local ni se les proporciona información sobre una mina planificada. Esto empeora cuando no se les permite opinar sobre si una mina debe desarrollarse o no. Normalmente las comunidades que habitan la tierra son las últimas en ser consultadas en este tipo de proyectos.
Los beneficios potenciales que la minería aporta a una comunidad pueden verse socavados si el pago de impuestos mineros al gobierno o los beneficios compartidos a nivel local se mantienen en secreto.
Los impactos ambientales de la minería son significativos. Establecer yacimientos mineros requiere una enorme cantidad de construcción, lo que a menudo causa deforestación y pérdida de hábitats de vida silvestre y biodiversidad. Las minas a cielo abierto, que requieren el uso de explosivos y maquinaria pesada para exponer materiales cerca de la superficie terrestre, causan enormes agujeros del tamaño de cañones en el terreno y provocan la erosión y degradación del suelo en las zonas circundantes. La minería de remoción de cimas, un método de extracción de carbón, utiliza explosivos para volar toda la cima de una montaña.
Las minas a cielo abierto generan una enorme cantidad de residuos. Liberan sustancias nocivas al aire y al agua, y pueden causar graves problemas de salud si se inhalan o ingieren. También liberan agua ácida, que puede matar la vida marina y hacer que el agua dulce no sea potable. Al mismo tiempo la minería subterránea produce menos residuos que la minería a cielo abierto, pero es riesgosa para los mineros.
Podemos encontrar varios ejemplos del daño ambiental de la minería en la actualidad. Uno de ellos es el caso de la comunidad de Napo, en Ecuador. La minería ilegal ha dejado a una comunidad dividida en Napo.
De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022. Entre enero de 2022 y enero de 2023 se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino.
Para muchas personas en la regiónse está realizando un ecocidio. Sin embargo, hasta el momento no hay importantes operativos en esa zona, y ya no llegan los ministros, ni los policías, ni los militares. Quienes denuncian viven entre amenazas.
La Agencia de Regulación Minera realizó 348 operativos contra la minería ilegal en todo el país en el 2022. De esos, sólo 20 fueron en Napo, a pesar del crecimiento desbordante de los frentes mineros en esta provincia. La cifra total de controles es 17 % menor que 2019, año en el que se realizaron 418 operativos a nivel nacional.
Los impactos negativos de la minería se agravan cuando no se consulta a la población local ni se le proporciona información transparente sobre una mina propuesta. Las minas suelen perturbar las tierras y las vidas de las comunidades indígenas, que han vivido en el sitio minero propuesto durante generaciones. Para los pueblos indígenas, el consentimiento libre, previo e informado es un derecho según el derecho internacional y es fundamental para proteger las tierras sagradas y la identidad cultural. Las empresas mineras se aseguran de que los propietarios tradicionales de las tierras respalden el proceso minero y de que tengan la oportunidad de beneficiarse de sus operaciones.
Es por eso que, además de realzar y comunicar los efectos dañinos de la minería, es esencial comenzar a encontrar opciones alternativas de obtener recursos similares a los que las minas proveen (como los diamantes artificiales) ya que el continuar siendo excesivamente dependientes de las minas solo garantizará que este abuso continúe.
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