61.5% del territorio nacional padece sequías

México vive una crisis hídrica que, al 15 de enero de 2024, afecta a un total de 1,613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales, según publica Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

Algunos son particularmente vulnerables a estos cambios, especialmente en las regiones norte y centro. El incremento en las sequías es un reflejo de que el cambio climático ya impacta al país.  

La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas; como muestra, México ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 °C en los últimos 40 años. 

El país carece de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente a la nueva realidad. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el primer eslabón es modernizar la regulación en la materia para promover una mayor coordinación entre actores, así como facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica y, en términos generales, mejorar la gestión del agua en México.

La toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos -en los tres niveles de gobierno- y privados con diferentes intereses y responsabilidades.  

Por ejemplo, actualmente existen 2,826 organismos operadores de agua -las autoridades municipales a cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales- a nivel nacional.  

Al mismo tiempo, la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua.  

Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, el cual tiene pendiente dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas.  

En febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4°. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992.  

La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido de forma constante en las últimas décadas, producto del crecimiento demográfico, la mala gestión y el crecimiento en la producción agropecuaria, entre otros factores. En 1960 la disponibilidad ascendía a 10 mil metros cúbicos (m3), mientras que para el año 2000 se había reducido a 4 mil m3. Actualmente, se encuentra en 3.2 mil m3 y de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación.

De cara a la elección presidencial en junio, es urgente que las plataformas políticas de las candidatas aborden con seriedad la problemática del agua. La crisis hídrica de las últimas semanas debe entenderse como un llamado a la acción para modernizar la gestión de los recursos hídricos en el país. Por ello, el IMCO Propone: 

Garantizar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, que cada año aprueba el Congreso de la Unión, recursos suficientes para que la CONAGUA pueda invertir en tecnología y recursos humanos para desarrollar un sistema de información de recursos hídricos robusto y confiable. 

Ajustar los volúmenes abiertos a concesionar para extracción de agua superficial o subterránea a través de las políticas de la CONAGUA y el Congreso de la Unión, de modo que se ajusten a la disponibilidad anual ambientalmente sostenible. 

Hacer obligatoria la medición de las concesiones por parte de la CONAGUA y el Congreso de la Unión para todos los sectores, incluyendo al sector agropecuario.

Desarrollar un plan para el uso eficiente del agua a través de la CONAGUA para los usuarios del sector agropecuario que garantice el volumen autorizado.   

Promover un mayor volumen de tratamiento de aguas residuales, a través de la CONAGUA y los municipios, principalmente en el sector agropecuario. 

Garantizar suficientes recursos financieros por parte de la Federación para los municipios para la correcta operación de los sistemas de aguas municipales. 

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